Plena inclusión pide a España que cumpla con la Convención

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Mañana se cumplen 17 años
desde que España aceptó
una norma internacional
que protege los derechos
de las personas con discapacidad.
Esta norma se llama
Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

España se comprometió a cumplir esta norma
en temas como:
- Educación.
- Empleo.
- Derechos de la infancia.
- Acceso a la justicia.

Plena inclusión España recuerda
que es importante seguir cumpliendo
esta norma.
Sobre todo en ámbitos como:
- Educación.
Para conseguir una educación inclusiva,
Es decir, una educación para todas las personas.

- Justicia.
Hay que desarrollar el facilitador o facilitadora.
Esta figura ayuda
a que las personas con discapacidad
puedan participar en juicios
y entender todo lo que pasa,
como el resto de personas.

- Igualdad.
Las mujeres y niñas corren más riesgo
de sufrir violencia o abusos.
España debe asegurar
que tengan acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva
de forma accesible y para todas.

- Vida independiente.
Todavía hay muchas personas con discapacidad
que viven en sitios grandes y cerrados,
como residencias muy grandes.
Plena inclusión recuerda
que hay proyectos que sí funcionan bien.
Por ejemplo, el proyecto Mi Casa: una vida en comunidad.
Este proyecto ayuda
a que las personas con discapacidad
puedan vivir en barrios y pueblos,
con los apoyos que necesitan,
y no en sitios apartados.

Plena inclusión España recuerda la importancia de seguir avanzando en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque el Comité de la ONU no ha emitido nuevas observaciones generales desde 2019, sí ha habido pronunciamientos relevantes en casos concretos que muestran las carencias del sistema español.

Uno de los casos más destacados es el de Rubén Calleja, un joven con discapacidad intelectual que sufrió segregación escolar y malos tratos tras ser derivado a un centro de educación especial. En 2020, Naciones Unidas condenó a España por este caso. A raíz de dicha condena, el Tribunal Supremo valoró la obligatoriedad de los dictámenes del Comité, recordando que “las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán conforme a los tratados internacionales ratificados por España”, según el artículo 10.2 de la Constitución.

El Comité también ha manifestado su preocupación por la persistencia de un modelo educativo al que le falta un largo trecho para poderse considerar inclusivo, y ha criticado que la LOMLOE permite un sistema dual que perpetúa la discriminación. En materia de justicia, desde Plena inclusión se subraya la necesidad urgente de que se siga desarrollando la figura del facilitador, para así garantizar ajustes de procedimiento y un acceso real a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad intelectual.

Mayor riesgo de violencia machista

Otros aspectos clave de la Convención también exigen atención. El Comité ha recordado que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia y abusos, y ha urgido a España a garantizarles el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y universales.

En relación con el derecho a vivir en la comunidad, recogido en el artículo 19, los datos muestran que miles de personas con discapacidad continúan institucionalizadas en macroresidencias. En este contexto, Plena inclusión destaca los resultados positivos del proyecto «Mi Casa», que promueve la vida en comunidad, en entornos inclusivos, para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.