Jurídico

En 2025 seguimos ahondando en la puesta en marcha de la Ley 8/2021 de reforma de la legislación Civil y Procesal relativa a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta reforma ha supuesto un cambio muy significativo que acerca a nuestro ordenamiento jurídico al cumplimiento de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde la entrada en vigor de la Ley hemos realizado múltiples acciones destinadas a profesionales de las entidades, a familias, y en este año vamos a diseñar un plan de trabajo coordinado con las áreas de Familia y Ciudadanía para acompañar el proceso de «toma de decisiones» de las personas con discapacidad.

Durante 2025 continuamos trabajando en siete de las prisiones de Castilla y León, al haberse incorporado la prisión de mujeres de Avila en nuestro ámbito de acción. Se consolida el trabajo conforme al Modelo de Atención Centrada en la Persona, con la realización de los Proyectos de Vida individualizados. Y se está apoyando el trabajo en «Medio abierto» a través del programa específico INTEGRA de trabajo con personas con discapacidad intelectual.

Continuaremos con la difusión y sensibilización a operadores policiales, judiciales y penitenciarios, a fin de realizar la incidencia necesaria.