El CERMI, a nivel nacional, solicitó ayer al portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, un cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Judicial (LOREG) para que las 80.000 personas con discapacidad incapacitadas judicialmente puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
Así lo ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en una reunión, celebrada esta tarde en la sede del CERMI, a la que también han acudido Marta González, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso; Francisco Vañó, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad; Alberto Durán, secretario general del CERMI y vicepresidente de Fundación ONCE y presidente de Ilunion; Concepción Díaz, vicepresidenta del CERMI y presidenta de CNSE; Enrique Galván, presidente de la Comisión de RSE y Discapacidad del CERMI y director de FEAPS, acompañado de Juan Pérez, presidente de FEAPS Castilla y León y Vicepresidente de FEAPS y Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI.
Pérez Bueno ha insistido en que España debe adaptarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y ha subrayado que ?no se puede privar del derecho al voto a personas con discapacidad porque se trata de un derecho fundamental?. En este sentido, ha recordado el caso de la concejala del PP con síndrome de Down Ángela Bachiller que «tiene derecho a ser elegida pero no a votar», en lo que ha considerado una «paradoja máxima» ( info aquí)
Fuente: Cermi
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