Si en la jornada celebrada esta semana sobre Transparencia y Buen Gobierno se hubiese lanzado a los siete ponentes la pregunta ¿Las entidades del Tercer Sector están preparadas para la entrada el vigor de la Ley de Transparencia? La respuesta hubiese sido sí porque todos los datos que pide la Ley que entrará en vigor el próximo día 10 de diciembre sí se tienen, únicamente hay que mostrarlo públicamente (en páginas web, a través de publicaciones en papel?)
La jornada comenzó con una mesa el «Alcance del Código del Buen Gobierno y la Ley de Transparencia en las Entidades del Tercer Sector» en la que los participantes fueron desgranando los pasos que ya se han dado en esta línea. Nekane Navarro, consultora de Alter Civites, enmarcó esta nueva Ley en una línea de trabajo en la que ya están trabajando muchas organizaciones que es el modelo de RSC FEAPS (Responsabilidad Social Corporativa) entendida como una forma integral de gestión y no sólo como una estrategia de marketing que puede conducir a unos beneficios económicos. El marco de la RSC incluye como filosofía de trabajo la transparencia, el compromiso con todos y cada uno de los agentes implicados tanto dentro como fuera (personas con discapacidad intelectual, profesionales, familias…), la sostenibilidad de las organizaciones… Por su parte, Juan José Lacasta, director del Área de Desarrollo Organizativo de FEAPS, hizo un breve repaso de la evolución de las organizaciones a través de la ética y cómo ha derivado en un Código del Buen Gobierno por tres razones principalmente: la exigencia social hacia las organizaciones, la coherencia con la misión, visión y valores y la exigencia normativa que ahora se está viendo «Hemos sido pioneros en la elaboración de un código por convencimiento a nuestros principios y ahora están en esta línea organizaciones como CERMI o la Plataforma de ONGS» apostilló.
Finalmente, Jesús Lozano, asesor jurídico de FEAPS Castilla y León, precisó las implicaciones de la Ley de Transparencia que entra en vigor el 10 de diciembre que afecta principalmente a las organizaciones públicas y, en el caso de entidades privadas sólo a aquellas que ?perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.00 euros. En el caso de las entidades privadas sólo les afecta la publicidad activa que está descrito en el capítulo II de la Ley.
La jornada finalizó con el debate «Los retos de la transparencia, la calidad y el buen gobierno en las organizaciones de la discapacidad» a cargo de Marta López de la Cuesta, D.G. de Análisis y Planificación de la Consejería de Presidencia de la Junta, quién compartió con los asistentes los pasos que han dado la Junta en esta línea y destacó que «para que el Código del Buen Gobierno sea eficaz es necesario interiorizarlo y que pase a ser cultura de la organización y, cuanto más se difunda, más posibilidad de cumplirlo existe». Completaban la mesa Juan Fernando Domingo, director del Instituto de Calidad para las ONGs, que aportó el concepto integral de la calidad; Isabel Peñalosa, asesora jurídica de la Asociación de Fundaciones que apuntilló que «la transparencia no es una moda y ha llegado para quedarse, pero sí es importante consensuar qué es una entidad transparente» y finalmente, Javier Cuevas, director de contenidos de la Cadena SER, reiteró la importancia de una ley que ?quizá llegue tarde pero sin lugar a dudas ha llegado para quedarse porque la transparencia es confianza, es legitimidad??. Un debate moderado por Lucía Rodil, adjunta a la dirección de informativos de RTVCyL quién sintetizo que según los contertulios la «Ley es una oportunidad de mostrar claramente el trabajo que se hace, que es necesario definir qué es lo que hay que mostrar y que los Códigos de buen gobierno son buenas herramientas porque son voluntarias y crean confianza».
La jornada finalizó con un pequeño reconocimiento a Fundación San Cebrián y a Las Calzadas por sus respectivas acreditaciones en Calidad FEAPS de manos del vicepresidente de FEAPS Castilla y León, Manuel Fernández, quién recordó a los presentes que todas las acciones de gestión, transparencia, calidad, responsabilidad social…deben de partir y terminar siempre en la misión y razón de ser de todas las organizaciones: las personas con discapacidad intelectual.
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