Entidades de Castilla y León se unen a la campaña en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual que movimiento asociativo de Plena inclusión promueve entre ayuntamientos y diputaciones de todo el país. Esta acción, que conecta con la obligación normativa (fijada en la Ley General de Discapacidad) que tienen las administraciones públicas respecto a la reserva de un 2% de sus plazas para empleos de personas con discapacidad intelectual. Una iniciativa a la que también se ha unido la Federación Española de Municipios y Provincias.
Plena inclusión, confederación que agrupa a 940 asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo -síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral- y sus familias, trabaja desde hace años para extender el compromiso de estas instituciones públicas locales con la inclusión laboral de miles de personas con discapacidad intelectual.
La campaña de sensibilización, que recibe el nombre de ‘¡Epa! Empleo Público Accesible’ y que tiene por eslogan «El 2% es de ley”, está difundiéndose durante el mes de noviembre en redes sociales. Asimismo, esta acción busca que ayuntamientos de todo el país firmen convenios con asociaciones de Plena inclusión para garantizar la reserva de esa subcuota de reserva de empleo público para miles de personas con discapacidad. En Castilla y León, personas con discapacidad intelectual de Fundación San Cebrián, Centro Villa San José, Fundación Personas, Asprodes, Insolamis o Asprona Bierzo ya han visitado ayuntamientos y diputaciones para informar sobre la campaña.
¿POR QUÉ UNA SUBCUOTA?
El CERMI logró incorporar en 2011 esta discriminación positiva del 2% para garantizar una mayor equidad en el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público. De este modo se reconocía que las personas con discapacidad intelectual partían de una situación objetiva de desventaja, en el acceso a oposiciones y empleo público, respecto al resto de las personas.
“Mediante esta adhesión, la FEMP desea promover el empleo público accesible para las personas con discapacidad intelectual en el mayor número de Administraciones públicas o empleadores públicos”, se ha defendido desde la plataforma que agrupa a cerca de 7.500 gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares) de todo el país.
Publicaciones recientes de AEDIS, que es la patronal de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad, afirman que más del 60% de las personas que tienen discapacidad intelectual y que están en condiciones de trabajar se encuentra en situación de desempleo. Si se pasa a cifras más concretas, podría decirse que 50.000 personas con discapacidad intelectual están en la actualidad en el paro.
“Si conseguimos como país aumentar las opciones laborables para miles de personas con discapacidad intelectual, estaremos favoreciendo su camino a una vida independiente, algo que conecta con lo recogido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”, se explica desde Plena inclusión España.
Más información en la página web de la campaña
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