El Acceso a la Justicia es un derecho humano básico común a todas las personas, aunque a veces se ve vulnerado. Debido a ello, por primera vez se imparte el curso de «Formación de Formadores Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad» en Castilla y León con el objetivo de formar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todo lo relacionado con la consecución de ese derecho.
Los días 4 y 18 de abril, en la sede de Plena Inclusión Castilla y León, se han impartido las clases, divididas en diferentes sesiones, desde las 10.00 a las 18.00 horas. Con la participación de Asprodes, Asprona León y el Centro San Juan de Dios. Un total de seis personas con discapacidad conforman el grupo de interesados que se preparan para poder defender mejor el ejercicio del derecho y formar parte del equipo de Formadores en Acceso a la Justicia de Plena Inclusión. Ellos han ido aprendiendo los derechos y cómo defenderlos, escuchando a los especialistas, aportando y compartiendo ideas.
Durante la primera mañana se ha tratado de definir qué es el Acceso a la Justicia, entendido como conseguir el acceso efectivo y real a sistemas (penal, civil, administrativo), procesos (conjunto de actos o trámites) e información (es necesaria una comprensión para que haya acceso) e instalaciones (que tienen que ser accesibles). Todo ello es básico para que cada persona pueda desempeñar sus funciones.
Entre los ponentes y formadores de la mañana del primer día se ha contado con Inés de Araoz, de la Red de Juristas de Plena inclusión, que en su intervención ha destacado «la necesidad de proveer apoyos, para eliminar las barreras en el Acceso a la Justicia»; y el coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid, Javier García Medina, que, por su parte ha incidido en que el modelo de discapacidad basado en derechos humanos «implica cambiar de un modelo de sustitución de libertad a un modelo de apoyos». Por la tarde estuvieron Ana Belén Sevillano, responsable del programa de reclusos y ex reclusos de Plena inclusión, quien habló de «La situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde la perspectiva de presunto autor», y Roberto Casillas, formador de Acceso a la Justicia, de Asprodes, que se centró en las «buenas prácticas en la defensa de este derecho».
El lunes 18, en la segunda sesión del curso, Diego Matos, de comunicación de Plena inclusión, impartió una charla sobre el «Rol del formador», en la que destacaba que «todo es comunicación y siempre se está representando a la asociación a la que cada uno pertenece». En ella, los asistentes recibieron consejos e hicieron varios ejercicios prácticos, teniendo un acercamiento a sus funciones futuras como formadores en el Acceso a la Justicia de personas con discapacidad. Después del descanso, desde la Fundación Tutelar FUTUDIS desarrollaron una ponencia titulada «Las PCDI o del desarrollo en el proceso civil desde la perspectiva del demandado». «La sentencia debe ser adecuada a la persona. Tiene que ser como un traje a medida. Con toda la información, el juez toma la decisión y la pone por escrito. Dirá si la persona necesita apoyos o no», especificaban. Jesús Lozano, abogado de Plena inclusión Castilla y León, cerraba la tarde con dos temas importantes: «La organización de la Administración de Justicia» y «Víctimas y testigos con discapacidad intelectual o del desarrollo en el proceso penal. Ajustes de procedimiento».
Desde una formación activa y participativa, en estas dos jornadas que completan el curso, los asistentes destacan sus propias ideas, de entre lo aprendido, pudiendo conseguir unos conocimientos y unas habilidades prácticas muy útiles para su plena inclusión en ámbitos jurídicos.
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